Presentar un listado completo y actualizado de los países sin acuerdos de extradición con España es esencial para comprender el alcance de la cooperación authorized internacional española. Tal inventario debe incluir desde pequeñas naciones insulares hasta estados con sistemas políticos y judiciales muy diferentes al español.
three. La Parte requerida podrá negarse al envío de objetos, autos o documentos originales que le hayan sido solicitados si su legislación no lo permite o si le son necesarios en un procedimiento penal en curso.
Imprime la página completa La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.
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La extradición por delitos estrictamente militares queda excluida del campo de aplicación del presente Tratado.
Los gastos ocasionados por la extradición en el territorio de la Parte requerida serán de su cuenta, excepto los relativos al transporte del reclamado que recaerán sobre la Parte requirente.
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Se accederá a ella si el detenido presta su consentimiento y si la Parte requerida estima que no existen consideraciones importantes que se opongan al traslado.
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A los fines de la aplicación de este Tratado, el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia no será considerado como delito político.
1. La Parte requerida procederá navigate here a la entrega de las decisiones judiciales o documentos relativos a actos procesales que le sean enviados a dicho fin por la Parte requirente.
Recién este año la justicia argentina dio por probado quién estuvo detrás del ataque, en Source un proceso que investigó el encubrimiento de los primeros funcionarios judiciales y gubernamentales que estuvieron a cargo de la llamada “causa AMIA”.
c) Texto de las disposiciones legales relativas al delito o delitos de que se trate, penas correspondientes y plazos de prescripción.
Cuando una de las Partes solicite de la otra los antecedentes penales de una persona, haciendo constar el motivo de la petición, dichos antecedentes le serán comunicados si no lo prohíbe la legislación de la Parte requerida.